Jonathan Flores Martínez
El calentamiento global es sin duda uno de los problemas más dramáticos que enfrenta la humanidad, sus efectos no sólo han impactado la flora y la fauna como se creía desde un principio, el impacto en la vida de las personas y de grupos sociales vulnerables es una realidad innegable que ha agudizado otros problemas persistentes como la pobreza, la desigualdad social, las migraciones forzosas y el hambre en diferentes regiones del mundo. La crisis climática por lo tanto no solo debe concebirse como una problemática medioambiental, sino que es humana y política.
Las posturas técnicas y políticas acerca de las acciones conjuntas que los países deben asumir para mitigar los efectos del calentamiento global son diversas y muchas veces antagónicas entre países desarrollados y países apenas en vías de desarrollo. El modelo económico adoptado principalmente por los países industrializados basado en el extractivismo y explotación insostenible de los recursos naturales y la alta dependencia de sus economías de la energía fósil como el petróleo ha significado el principal obstáculo para que éstos asuman la responsabilidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, el crecimiento económico a cualquier costo es un rasgo predominante del modelo capitalista.
En cada una de las COP (Conferencia de las Partes) que se han realizado a lo largo de los últimos 27 años, las posturas de los estados han sido diversas y unas más comprometidas que otras, tal es el caso del Protocolo de Kioto de 1997, surgido de las negociaciones de la COP 3 celebrada en Japón, el protocolo ha sido considerado el primer acuerdo internacional sobre el clima enfocando la reducción de las emisiones de GEI principalmente de los países industrializados. Este protocolo entró en vigencia hasta el año 2005 debido a que se requería de la ratificación de al menos 55 países, teniendo como condición para que entrara en vigor que estos países sumaran el 55% de las emisiones de GEI de los países ricos o industrializados.
Estados Unidos que posee el estatus de ser un país industrializado y uno de los mayores emisores de gases contaminantes se negó a ratificar el protocolo de Kioto, por su parte China en el año 2002 dio un paso decisivo al adherirse a este acuerdo cuando no estaba obligada por considerarse hasta entonces un país en vía de desarrollo. Otro precedente importante fue marcado por Canadá que en el año 2011 se convirtió en el primer país en renunciar al protocolo de Kioto por considerarlo algo del pasado. Este instrumento de lucha contra la crisis climática tuvo dos períodos de vigencia, el primer período de compromiso fue de 2008 al 2012, el segundo fue a partir del 2013 al 2020 a partir de lo establecido en la Enmienda de Doha.
Otra de las Conferencias de las Partes más importantes fue la COP 21 que derivó en el Acuerdo de París en el año 2015. Un acuerdo histórico que tiene como objetivo principal buscar una respuesta global para enfrentar el cambio climático y mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 2°C grados. Lo característico de este tipo de acuerdos es que los países más desarrollados y que históricamente son los mayores responsables del calentamiento global siguen siendo los más reticentes a cumplir los acuerdos internacionales a favor del clima y de la fragilidad de todas las formas de vida en la tierra.
Por ejemplo, tras convertirse Donald Trump en presidente en 2017, este anunció como parte de sus controversiales decisiones de gobierno la renuncia de Estados Unidos a dicho acuerdo, siendo hasta el año 2020 según las normas de la ONU que el país oficialmente quedaba retirado del Acuerdo de París, el pretexto fue que ese instrumento era perjudicial para su economía e intereses geopolíticos, regresando nuevamente en el año 2021 como parte de una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente Biden.
En un principio Nicaragua se abstuvo de firmar el Acuerdo de Paris por considerarlo insuficiente en vista de que no se incluían compromisos estrictos y vinculantes para los países ricos considerados los mayores responsables de las emisiones de GEI, y porque además no se establecieron mecanismos de compesación o indemnización a los países más afectados por los efectos del cambio climático.
La posición de Nicaragua fue coherente con las normas del derecho internacional respecto al cambio climático, el sustento legal y político de esta posición se basaba en el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” que fue un principio adoptado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, que reconoce que a pesar de todos los estados tienen responsabilidades respecto al cambio climático, estas no pueden ser asumidas en las mismas proporciones, debido a que no todos los países han contribuido al problema con la misma implicancia y magnitud.
Finalmente, Nicaragua ratificó el acuerdo el 23 de octubre del año 2017 por considerarlo a pesar de sus limitaciones y vacíos como el único instrumento vigente para luchar contra el cambio climático. Se puede decir que, bajo los lineamientos de la política exterior nicaragüense respecto al Cambio Climático, las decisiones de gobierno han manifestado a la comunidad internacional un claro compromiso del Estado de Nicaragua en esta materia. Se ha mantenido un discurso coherente y a la altura de los desafíos que impone esta crisis global.
Recientemente se realizó la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como la COP 27 en Egipto donde las delegaciones de diversos estados participaron en la búsqueda de consenso y acuerdos comunes en la lucha contra la crisis climática. Estas conferencias de alto nivel que se realizan cada año y se sustentan en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue adoptada en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.
La COP 27 ha sido una de las más importantes después de la COP 21 que derivó en el Acuerdo de París (2015), en vista de que los países participantes alcanzaron un acuerdo decisivo e histórico sobre un fondo de financiamiento de pérdidas y daños para los países más vulnerables, este logro concuerda con la postura que Nicaragua ha venido sosteniendo en cada uno de las conferencias sobre el Cambio Climático.
El principio de “responsabilidad común pero diferenciada y
Como se ha dicho anteriormente la crisis climática es global, pero su impacto es diferenciado, no todos los países se ven afectado de la misma manera, ni todos tienen la misma responsabilidad frente a la crisis. En ese sentido, la justicia climática representa un discurso y un movimiento global que propugna porque haya un reparto diferenciado de las obligaciones climáticas para cada uno de los estados, partiendo del hecho de que no todos los países son igualmente responsables de las emisiones de GEI y que los países más vulnerables son los que más sufren el impacto negativo del cambio climático a pesar de ser los menos contribuyentes del problema.
El cambio climático no solo ha desequilibrado la vida de los ecosistemas naturales, sino que, ha transformado los medios de subsistencia de las poblaciones en distintas partes del mundo, profundizando la desigualdad social a escala global entre países ricos y países empobrecidos.
Cuando se apunta al principio de “responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas”, se refiere al hecho de que no todos los países tienen la misma capacidad de respuesta para adaptarse al cambio climático, la capacidad de resiliencia de las naciones empobrecidas es más limitada, haciéndolas más propensas a experimentar mayores daños y pérdidas humanas y materiales que los países desarrollados.
El principio deduce que los países más avanzados deben asumir compromisos para ayudar a los países más vulnerables a fortalecer sus capacidades de adaptación mediante la transferencia de tecnologías ecológicas, el financiamiento para la mitigación climática entre otras acciones de cooperación, sin condicionalidad política. El cumplimento de ese principio ha sido el núcleo duro de las negociaciones climáticas a lo largo de los años.
La crisis climática nos atañe a toda la humanidad y los estados son los mayores actores para establecer las directrices globales frente a este desafío complejo e irreversible, no se puede seguir jugando a la política de postergación, ni esperar que sea el mercado que guíe nuestro destino porque como bien dijo Eduardo Galeano “Si la naturaleza fuera un banco, ya la habrían salvado”.
Máster Jonathan Flores Martínez, docente e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua.