- Nación alimenta a su pueblo con soberanía, dignidad y futuro
Filiberto Rodríguez (*)
Hablar de seguridad nacional en Nicaragua exige ir más allá de la concepción tradicional que la limita al ámbito militar. Desde una visión jurídica y política integral, el concepto debe analizarse a la luz de nuestra realidad soberana y de los desafíos contemporáneos que enfrenta el Estado nicaragüense en un contexto internacional complejo.
En Nicaragua, la seguridad nacional no se reduce a la defensa del territorio o a la protección frente a amenazas armadas externas. Responde a una concepción integral centrada en la persona, la familia y la comunidad, estrechamente vinculada con la soberanía, la estabilidad política, la justicia social y el desarrollo humano.
Desde esta perspectiva, la seguridad nacional es la capacidad del Estado soberano de garantizar las condiciones materiales, políticas y sociales que permitan al pueblo vivir con dignidad, ejercer sus derechos y decidir su propio destino sin injerencias externas. Ello comprende la defensa del orden constitucional, la paz social, la autodeterminación y la protección de los intereses estratégicos de la Nación.
En consecuencia, la seguridad nacional en Nicaragua se sustenta en un modelo forjado por la Revolución Sandinista, que integra dimensiones económicas, sociales, culturales y productivas, superando el enfoque tradicional exclusivamente militar o policial. Se consolida cuando el pueblo vive en condiciones dignas, produce, emprende y se alimenta con soberanía, garantizando estabilidad, bienestar y desarrollo integral.
En el pensamiento de Augusto C. Sandino, la independencia nacional no se limitaba a la defensa territorial, sino que implicaba soberanía económica y dignidad para el pueblo. En coherencia con esta visión, promovió las cooperativas como forma solidaria de organización del trabajo y la producción, orientadas a fortalecer la autosuficiencia, la justicia social y el bienestar colectivo.
En continuidad histórica, la protección de la producción nacional y el control de los recursos estratégicos forman parte de una concepción de autodeterminación que ha marcado los momentos fundacionales de nuestra Nación. Esta herencia se refleja en la Constitución Política, que eleva la soberanía a principio rector del Estado y la vincula directamente con el bienestar común.
Políticas públicas efectivas para estrategia de producción
En un mundo marcado por guerras, sanciones y bloqueos económicos, donde a países soberanos se les dificulta comercializar productos esenciales, y donde confluyen crisis climáticas, especulación financiera y el uso político de los alimentos como instrumento de presión, la soberanía alimentaria se ha convertido en una de las expresiones más concretas de defensa de la independencia y la estabilidad nacional.
Nicaragua ha asumido esta realidad con claridad. En un escenario internacional caracterizado por la inestabilidad y el encarecimiento de los alimentos, el país ha logrado en 2026 garantizar aproximadamente el 90% del consumo nacional de alimentos básicos con producción propia. Esta cifra no representa únicamente un indicador económico, sino una expresión de soberanía y compromiso con el pueblo.
Este avance es resultado de políticas públicas sostenidas en el tiempo, desarrolladas por el Estado nicaragüense bajo la conducción del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezado por el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo Zambrana. A través de programas de apoyo productivo, financiamiento a pequeños productores, fortalecimiento tecnológico y acompañamiento territorial al sector agropecuario y a la economía familiar, se ha consolidado una estrategia de fortalecimiento productivo nacional.
Este camino cuenta con respaldo constitucional. La Constitución Política de la República de Nicaragua establece en su Artículo 1 que la soberanía y la autodeterminación son derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense. Asimismo, el Artículo 57 reconoce el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional.
Este mandato se desarrolla en la Ley Nº 693, Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que consagra la obligación del Estado de garantizar alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para toda la población. Se trata de una interpretación sistemática del texto constitucional y su desarrollo legislativo, que coloca la producción alimentaria como componente estructural de la seguridad nacional.
El Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano 2022–2026 articula esta visión integral, vinculando producción agrícola, protección social, sostenibilidad ambiental y adaptación climática, en coherencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Papel estratégico de la economía creativa y emprendedora
Uno de los pilares de esta estrategia ha sido el fortalecimiento de la producción de granos básicos, acompañado del trabajo técnico de las instituciones públicas, en correspondencia con la Ley Nº 693 y la Ley Nº 842, (Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias). Ambas normativas establecen la responsabilidad estatal de garantizar el derecho a la alimentación, promover la autosuficiencia productiva y proteger a las personas consumidoras mediante el aseguramiento de la calidad, inocuidad y disponibilidad de los alimentos.
En este marco jurídico se ha impulsado el uso de semillas certificadas y adaptadas a las condiciones climáticas nacionales, fortaleciendo la productividad, la resiliencia ante el cambio climático y el bienestar de las familias productoras, al tiempo que se resguardan los derechos de quienes consumen.
La soberanía alimentaria, sin embargo, no se sustenta únicamente en la producción primaria. Se fortalece a lo largo de toda la cadena de valor, donde la Economía Creativa, Asociativa y Emprendedora desempeña un papel estratégico.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), cooperativas, emprendimientos y trabajadores por cuenta propia representan entre el 90% y el 98% del universo empresarial del país. Este sector aporta aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera alrededor del 67% del empleo nacional.
Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), entre el 36% y el 37% de las personas ocupadas en Nicaragua trabajan por cuenta propia, lo que significa que más de uno de cada tres nicaragüenses genera su propio empleo, dinamizando la economía y reduciendo el desempleo estructural.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) reportó que en 2024 el PIB alcanzó 211,268.8 millones de córdobas constantes. Sectores como agricultura, comercio y servicios —sustentados en gran medida por Mipymes y trabajadores independientes— representan aproximadamente el 36% del PIB.
Desafíos y retos importantes
Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) registró en 2024 un promedio de 802,814 afiliados, con una participación significativa de actividades agropecuarias y comerciales, lo que evidencia la importancia de estos sectores en la estructura laboral formal.
En 2025 se registraron más de 10,000 nuevas unidades de negocio y la creación estimada de más de 50,000 empleos. Programas como Usura Cero, Adelante, Hambre Cero, Bono Productivo y CRISSOL, junto con financiamientos respaldados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), han fortalecido la capacidad productiva de miles de protagonistas.
Eventos como Nicaragua Emprende han generado ventas superiores a 1.4 millones de córdobas por edición, promoviendo capacitación, formalización y apertura de mercados.
Persisten desafíos importantes, entre ellos la informalidad estimada en alrededor del 43% de la economía, el acceso limitado a financiamiento, la necesidad de mayor tecnificación e industrialización, y la ampliación de la cobertura de seguridad social. Enfrentar estos retos forma parte de una estrategia de fortalecimiento estructural del país.
En un contexto internacional donde las sanciones económicas, la especulación sobre alimentos, las disrupciones logísticas y los conflictos geopolíticos evidencian la fragilidad de los países altamente dependientes de importaciones estratégicas, la soberanía alimentaria adquiere una dimensión trascendental. No se trata únicamente de producir granos o garantizar abastecimiento, sino de preservar la autodeterminación económica frente a mecanismos de presión externa que históricamente han condicionado la política interna de numerosas naciones.
La experiencia reciente confirma que los alimentos pueden convertirse en instrumento de poder. Frente a esta realidad, fortalecer la producción nacional constituye una política de seguridad nacional en su sentido más amplio: proteger la estabilidad social, prevenir crisis de abastecimiento y asegurar que el destino del país no dependa de decisiones adoptadas fuera de sus fronteras.
Desde esta perspectiva, la soberanía alimentaria no es una política sectorial aislada, sino un componente estructural de la arquitectura del Estado soberano.
En 2026, Nicaragua demuestra que la seguridad nacional no se construye únicamente con instrumentos de defensa, sino también con alimentos, trabajo digno, emprendimiento popular y justicia social. La soberanía alimentaria, respaldada por la producción nacional y dinamizada por la economía creativa y asociativa, constituye una verdadera muralla de contención frente a la inestabilidad global.
Es la garantía de que, independientemente de las circunstancias internacionales, Nicaragua continuará alimentando a su pueblo con soberanía, dignidad y futuro.
(*) Diputado de la Asamblea Nacional.